Bolivia enfrenta críticas por retraso en la publicación del informe del FMI, mientras se agudiza la preocupación económica

El Gobierno boliviano ha solicitado postergar la publicación del informe del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual proyecta un escenario económico adverso para el país en 2025. Esta decisión ha generado una fuerte reacción de sectores políticos y económicos, incluyendo al expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien exigió transparencia en la difusión de los datos.

Proyecciones del FMI: bajo crecimiento e inflación elevada

El informe técnico del FMI, presentado al Directorio del organismo el 2 de mayo de 2025, estima que el Producto Interno Bruto (PIB) boliviano crecerá apenas un 1,1% durante el presente año. Asimismo, prevé una inflación del 15,1%, una de las más altas de la región sudamericana.

Estas cifras reflejan una desaceleración considerable en comparación con años anteriores, lo que evidencia un deterioro progresivo del modelo económico nacional. El documento también alerta sobre desequilibrios estructurales, incluyendo la reducción de las reservas internacionales, la creciente dependencia de subsidios fiscales y la presión sobre la estabilidad macroeconómica.

Reacciones políticas y demanda de transparencia

Frente a la decisión del Ejecutivo de reservar temporalmente la publicación del informe, el exmandatario Jorge Tuto Quiroga manifestó en sus redes sociales que el país enfrenta una “tragedia económica” y criticó lo que calificó como un intento de ocultar la realidad financiera. “No escondan cifras, muestren la verdad”, escribió, instando a que el informe sea divulgado de forma inmediata.

La petición del Gobierno para utilizar el período de espera de hasta 28 días que contempla el reglamento del FMI ha generado preocupación sobre la transparencia institucional en un contexto marcado por escasez de divisas, crisis de combustibles y tensiones sociales.

Implicancias económicas y acceso restringido a la información

Actualmente, Bolivia dispone de 14,81 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), mientras que su cuota asignada en el organismo es de 240,1 millones de DEG. Esta diferencia refleja el limitado margen de maniobra financiera que posee el país frente a otros miembros del FMI.

El informe completo del Artículo IV sigue sin estar disponible al público, lo cual impide un análisis profundo por parte de expertos independientes y analistas del sector privado. La falta de acceso a esta información clave ha intensificado los reclamos por una gestión más abierta, especialmente en un momento de alta sensibilidad económica.

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