Graves hechos de violencia en el norte de Potosí reavivan la tensión política y social. Sectores movilizados exigen la renuncia del presidente Luis Arce.
Tres efectivos de la Policía Boliviana perdieron la vida este miércoles en el municipio de Llallagua, departamento de Potosí, durante un operativo de desbloqueo que derivó en un ataque armado atribuido a sectores afines al expresidente Evo Morales. El suceso ha sido calificado como una emboscada planificada y se suma a un clima de creciente conflictividad nacional.
La intervención policial, apoyada por personal militar, tenía como objetivo liberar las rutas bloqueadas desde hace más de diez días. Pese al despliegue de más de 500 uniformados desde Oruro, los movilizados mantuvieron su posición y respondieron con violencia extrema, utilizando armas de fuego y explosivos artesanales.
El Ministerio Público confirmó en un primer momento el fallecimiento de dos oficiales: el subteniente Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, recién egresado de la Academia Nacional de Policías e integrante del Grupo Delta de Oruro; y el subteniente Carlos Enrique Apata Tola, del Comando Departamental de Oruro. Más tarde se reportó la muerte del sargento Alberto Mamani, miembro de la Unidad de Bomberos de Potosí, quien estaba desaparecido tras el enfrentamiento.
Según el comandante departamental de Oruro, Helsner Torrico, los agentes estaban equipados únicamente con material no letal. Sin embargo, fueron atacados desde posiciones elevadas con dinamita y proyectiles de fusil Mauser calibre 7.65 mm, lo que dejó también varios heridos de gravedad, entre ellos el capitán Daynor Miranda Blanco, quien permanece en estado crítico.
La emboscada ocurrió en la zona del puente Katiri, ingreso sur a Llallagua, cuando el contingente intentaba desarticular un bloqueo instalado por comunarios. Durante el ataque, los manifestantes incendiaron el bus policial y cercaron a los efectivos. Dos de los cuerpos fueron hallados en circunstancias violentas, uno con evidentes signos de golpes y otro con heridas de bala.
Reacciones del Gobierno y oposición
Tras conocerse los hechos, el presidente Luis Arce convocó de urgencia a una reunión con el gabinete de seguridad y altos mandos policiales y militares para evaluar la situación. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, descartó la declaración de estado de sitio, argumentando que beneficiaría políticamente a Evo Morales, a quien responsabilizó de promover la desestabilización.
Desde diversos frentes políticos se pronunciaron críticas. Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Jorge Quiroga responsabilizaron directamente a Morales por las muertes. El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, desde el penal de Chonchocoro, acusó al Gobierno de inacción frente a la violencia.
