El Alto – El Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad de El Alto emitió una orden de aprehensión en contra del dirigente gremial Toño Siñani, investigado por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves en perjuicio de una mujer, en el marco de un proceso penal abierto por el Ministerio Público.
La resolución judicial, firmada por el juez Héctor Quilla, tiene como objetivo principal la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, como parte de la investigación impulsada por el fiscal asignado al caso. La víctima ha sido identificada como Martha S., según indica el mandamiento legal.
Observaciones del acusado
En declaraciones públicas, el dirigente cuestionó la legalidad de la orden de aprehensión, argumentando errores en la identificación personal consignada en el documento judicial. Según Siñani, el mandamiento fue emitido a nombre de «Toño Benito Siñani Tincuta», cuando su identidad correcta sería «Toño Siñani Medina».
“El 28 de mayo participamos de movilizaciones, y casi de inmediato se emitió esta orden. Denuncio una acción política represiva del Gobierno. No me he escondido, sigo ejerciendo mi derecho a la protesta”, sostuvo el dirigente gremial, quien también acusó al presidente Luis Arce de actuar con «tintes autoritarios».
Convocatoria a movilizaciones y reclamos sociales
En medio de esta situación, Siñani convocó a una movilización nacional, alegando que las protestas tienen como causa principal el aumento del costo de la canasta básica, la escasez de combustibles y la crisis económica generalizada que afecta a diversos sectores del país.
“No hay gasolina, no hay diésel, no hay trabajo. Hacemos filas incluso para conseguir dos litros de aceite o algo de arroz”, expresó, responsabilizando al Gobierno por no atender las necesidades más urgentes de la población.
La orden de aprehensión y la reacción del dirigente se dan en un contexto de creciente tensión entre gremios sociales y el Ejecutivo, especialmente en temas relacionados con la economía popular, el abastecimiento de productos básicos y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
