El Gobierno advierte que se hará cumplir la ley ante la presión ejercida para habilitar la candidatura de Evo Morales, pese a no cumplir con los requisitos electorales.
A menos de tres meses de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto, el clima político en Bolivia se ha tensado nuevamente tras la difusión de amenazas dirigidas contra vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Voceros del movimiento afín a Evo Morales han exigido la habilitación del exmandatario como candidato presidencial, a pesar de no contar con una organización política con personería jurídica válida ni haber sido inscrito dentro del plazo establecido por ley, que venció el pasado 19 de mayo.
Amenazas explícitas a autoridades electorales
En un video ampliamente difundido en redes sociales, representantes del grupo «Evo Pueblo» revelaron públicamente información personal y domicilios de los vocales Óscar Hassenteufel y Tahuichi Tahuichi. Durante su declaración, el dirigente intercultural Enrique Mamani responsabilizó a ambos funcionarios por las movilizaciones sociales en curso, asegurando que han sido «identificados plenamente», mencionando incluso las calles y números de vivienda de los vocales.
“Si ustedes no hacen respetar la democracia, mañana haremos conocer quiénes son sus familiares; porque si no es a las buenas, va a ser a las malas con ustedes”, advirtió Mamani, en una declaración que fue interpretada por analistas como una amenaza directa y grave.
Gobierno y TSE exigen respeto al marco legal
La respuesta institucional no tardó. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, calificó las amenazas como inaceptables y aseguró que el Estado garantizará el cumplimiento de la ley. “El orden democrático no puede estar sujeto a presiones ni actos intimidatorios”, declaró.
Por su parte, el vocal Tahuichi Tahuichi confirmó en entrevista con La Razón Radio que la amenaza es real y que su familia se encuentra en riesgo. «En mi domicilio viven mis padres, mis hermanos y mis hijos, ninguno de ellos está vinculado a la política», lamentó, al solicitar medidas de seguridad por parte del Estado.
Tensiones sociales y nuevas demandas
Las movilizaciones en la ciudad de La Paz, protagonizadas por sectores evistas, continúan. Aunque inicialmente centradas en la habilitación de Morales, las protestas han ampliado sus demandas a la renuncia de todos los vocales del TSE y del propio presidente Luis Arce.
Durante las protestas del jueves, al menos 26 personas fueron detenidas en inmediaciones de la zona de Sopocachi. Los dirigentes evistas exigieron su liberación inmediata como condición para continuar con el diálogo.
Además, anunciaron que recurrirán a «formas de defensa personal», incluyendo el uso de instrumentos tradicionales como hondas (qurawas) y flechas, si no se atienden sus demandas.
Llamado al respeto institucional
Los últimos acontecimientos ponen de relieve el frágil equilibrio entre la protesta social y el respeto a las instituciones democráticas en Bolivia. Diversos sectores de la sociedad civil, así como organismos internacionales, han llamado a mantener el diálogo dentro del marco legal y constitucional, evitando cualquier tipo de intimidación que ponga en riesgo la integridad de autoridades y sus familias.
