El sector empresarial boliviano expresa su preocupación ante una reciente medida aprobada por el Gobierno, señalando que podría generar incertidumbre y afectar el panorama de inversiones.
Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), reafirmó la postura del empresariado en contra de la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Según el líder industrial, la normativa es innecesaria y su implementación podría aumentar la burocracia, además de abrir espacio para interpretaciones discrecionales que perjudiquen a la producción nacional.
El representante del sector enfatizó la necesidad de derogar esta medida, la cual autoriza la incautación de productos a personas sospechosas de realizar «acopio y especulación» en la cadena de distribución alimentaria del país.
“La CNI y el sector empresarial han sido categóricos: esta norma debe eliminarse. Su aplicación generaría un ambiente de incertidumbre y desincentivaría la inversión. No podemos permitir que se establezcan mecanismos arbitrarios que puedan derivar en abusos o presiones indebidas sobre los productores formales”, declaró Camacho en una entrevista con el medio Economy.
El dirigente empresarial resaltó que, si bien el sector privado respalda la necesidad de garantizar el abastecimiento y combatir prácticas especulativas, considera que la legislación vigente ya establece sanciones para estos casos, por lo que la nueva disposición resultaría innecesaria y perjudicial.
“La escasez de divisas y combustibles no es responsabilidad del sector privado, sino de la gestión gubernamental”, añadió.
Este pronunciamiento empresarial se suma a otras voces que han manifestado inquietud sobre los efectos que esta normativa podría tener en la economía nacional. Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han emitido una respuesta oficial a estas observaciones.
